Quiero empezar aclarando que no soy militante del M.A.S. En las elecciones presidenciales no voté por Evo Morales. En las elecciones para Asambleístas y Autonomías voté nulo, porque no creía que existía necesidad de una reforma total de la Constitución y que este emprendimiento generaría violencia y división entre los bolivianos. Antes de la aprobación en grande del proyecto de Constitución envié un artículo a un medio de prensa de circulación nacional (que no fue publicado) haciendo fuertes críticas al gobierno y a la población en
Esta sensación y desencanto con el proceso constituyente se fundó en la poca apertura de los Constituyentes con los que pudimos dialogar y una impresión de falta de apoyo técnico a su trabajo que derivó posteriormente en el temor personal de que la nueva Constitución incluyera artículos peligrosos que disminuyeran el nivel de protección de derechos y garantías, o que crearan una estructura orgánica autoritaria de Estado contraria a los principios fundamentales del modelo democrático y republicano, en el cual creo y tengo plena confianza.
Hoy deseo admitir que mi temor fue y es infundado. He leído los 408 artículos de la Constitución Política del Estado aprobada en grande por la Asamblea y en un balance
a) Demasiada complejidad en el diseño de autonomías departamentales, regionales y municipales. La ambigüedad en esta parte de la normativa puede producir conflictos políticos entre las autoridades de dichos niveles.
b) Posibilidad de reelección consecutiva del Presidente de la República. Existen países que admiten reelección pero establecen un límite de reelecciones consecutivas, lo cual debería haberse incluido en la nuestra.
c) Ampliación del delito de traición a la patria a actos de enajenación de recursos naturales.
d) Retroactividad de la ley en la persecución de actos de corrupción.
Todas las deficiencias precitadas pueden ser corregidas en la regulación legal de dichas disposiciones o en futuras reformas constitucionales parciales, por tanto no son deficiencias de fondo que comprometan la esencia del modelo democrático-republicano. La verdad es que la mayor parte de las deficiencias del proyecto son errores de expresión, gramática y ortografía. En el fondo, la mayoría de sus disposiciones dogmáticas (principios, derechos y garantías fundamentales) y orgánicas (estructura y atribuciones de los órganos del Estado) evidencian una innegable profundización del modelo democrático y republicano. Quiero destacar algunas normas ícono que evidencian avances en la profundización del modelo democrático-republicano:
- La búsqueda de la paz como ideal supremo del Estado, el énfasis en la obligación del Estado de regirse conforme a la doctrina de la no-violencia y el rechazo permanente a la discriminación en cualquier forma (esto incluye el rechazo a la discriminación de los blancos, opositores o anti-evistas por el hecho de ser tales).
- La institución de la oralidad y la inmediatez como principios rectores para toda la actividad judicial (ordinaria y comunitaria). Estos dos principios pueden servir para desmantelar el anquilosado aparato burocrático, corrupto e ineficiente de administración de justicia y reemplazarlo por un modelo más accesible, eficiente, barato, rápido, transparente y legítimo en cuanto a solución de conflictos en cualquier materia. Si entendemos que la no-violencia es un principio rector de la Constitución, dicho principio rige tanto para la justicia ordinaria como para la comunitaria (para quienes tienen la falsa idea de que la justicia comunitaria es la autorización del linchamiento).
- La posibilidad de control social directo sobre la función pública, incluyendo la iniciativa legislativa ciudadana y la ampliación del referéndum para la aprobación de tratados internacionales importantes, uso y disposición de los recursos naturales, revocatoria de mandato de funcionarios electos y reforma de la Constitución. Todas estas formas de participación democrática en aspectos claves de la gestión gubernamental no es otra cosa que fortalecimiento de la democracia.
- El reconocimiento supra-constitucional de los tratados de Derechos Humanos que ofrezcan mayor protección a las personas que las normas internas. Esto hace que ninguna ley pueda disminuir o distorsionar la protección que otorgan importantes tratados como el Pacto de San José de Costa Rica o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
- La oficialización de todas las lenguas nativas y la obligación de los funcionarios públicos de conocer y hablar una de ellas además del castellano. Este deber público es un paso interesante para que, a través de la comunicación lingüística se promueva mejor atención estatal a los peticionarios de todos los rincones del país.
- Priorización de financiamiento en programas de educación, salud y medioambiente (esto significa que el Poder Legislativo está obligado por mandato constitucional a asignar más recursos a estos rubros que a ítems burocráticos e inservibles de menor prioridad).
- Creación de acciones judiciales constitucionales directas que permitan al ciudadano común activar la fiscalización del Poder Judicial sobre la actividad administrativa del Estado (acción de cumplimiento y acción popular). Esto favorece el principio republicano de división y control de poderes.
- Preservación plena de los derechos de propiedad, intimidad y libertad de expresión (si no me cree, lea los artículos pertinentes).
- Incorporación del sufragio universal para elección de autoridades jerárquicas del Poder Judicial, Consejo Electoral y Control Administrativo Judicial, en coordinación con la actividad parlamentaria de preselección. Esto reduce el riesgo de que las cúpulas del Poder Judicial se conviertan en logias y oligopolios de abogados descomprometidos con la población de base, y permite la fiscalización inter-poderes antes inexistente, así como la fiscalización popular sobre el cumplimiento de objetivos de gestión de las autoridades judiciales. Ojo: la Constitución en este sentido no vulnera la independencia judicial en cuanto al contenido de los fallos y sentencias, sino que mejora y democratiza el control de la eficiencia del trabajo judicial en cuanto a celeridad, probidad, transparencia y vocación de servicio en la gestión de los conflictos humanos. Existe suficiente flexibilidad constitucional para regular a nivel legal el deber de las autoridades judiciales electas quienes, sin comprometer el futuro contenido de sus fallos, puedan ser elegidos por el pueblo en función a criterios de confianza y probidad además de someterse a permanente evaluación en cuanto a la oportunidad, celeridad, transparencia y legitimidad de los servicios judiciales que prestan.
- Abolición del sistema de elección presidencial a través del voto congresal. La elección presidencial se daría ahora por obtención de la mayoría absoluta de votos o por voto superior a 40%, siempre que exista diferencia superior de 10% con la segunda candidatura, caso contrario se llama a segunda vuelta con las dos primeras candidaturas por mayoría simple. Esto elimina que el voto popular se transe y distorsione en coaliciones políticas y cuoteos vergonzosos que contaminaron las dos primeras décadas de vida democrática de nuestro país.
Estos son algunos de muchos otros aciertos destacables que ameritan, a mi juicio, apoyar el proyecto constitucional aprobado por el M.A.S y sus aliados políticos. Es por demás oportuno que en estos momentos de crisis los sectores de oposición que no compartan este criterio lleven el debate sobre sus discrepancias con los temas de fondo de este proyecto y eviten centrar la discusión en que la Constitución haya “nacido muerta” por el incumplimiento de formalidades no sustanciales (plazos de convocatoria, sede, o ausencia voluntaria de los miembros de la oposición) o por la pésima actuación policial en Sucre.[1] Este es el momento para consensuar y aprobar los temas que no generen disenso y exponer los temas de fondo que sí lo generen, para que después de dicho debate reflexivo e informado, se deje que la mayoría de los Asambleístas en voto democrático decidaqué tipo de Constitución va ir a referéndum, a consulta de nosotros, pueblo votante.
Por lo pronto, quienes tenemos la poderosa arma del voto estamos en la obligación cívica y moral de hacer una profunda y dialogada lectura reflexiva de este proyecto en grande y de los artículos que se aprueben en detalle, dejando un lado la comodidad de la pereza o el prejuicio. Esto significa dejar que la decisión nuestra no dependa únicamente de la simpatía o antipatía política. Después de leer[2], reflexionar y recibir consejo técnico-jurídico podremos decidir responsablemente, es decir, informados y concientes de las implicancias de nuestra decisión, si corresponde apoyar u oponernos al proyecto de Constitución que apruebe la plenaria. Caso contrario, si tomamos partido antes de hacer esta reflexión previa seremos votantes truchos, vándalos tirabombas, promotores de violencia con disfraz de “ciudadanos” e irresponsables imitadores de los políticos charlatanes que hacia la izquierda o la derecha utilizan el debate constituyente y el apoyo popular desinformado para sabotear codiciosamente a sus enemigos políticos, serrucharles los espacios de poder sin otra intención que ganar territorio en la arena política a través de artimañas, tinterilladas y sin tocar argumentos sólidos de fondo que puedan orientar e iluminar el voto popular al momento de ir a las urnas.
[1] Sobre este punto recomiendo leer el artículo “
[2] Todos los periódicos están vendiendo separatas del proyecto de Constitución, así que es bastante accesible.
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